Gobierno de EE.UU. solicita a la Corte Suprema eliminar TPS para venezolanos

La administración del presidente Donald Trump presentó el viernes una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia para eliminar las protecciones contra la deportación (TPS) de aproximadamente 300.000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos, lo que permitiría su eventual expulsión del país. En el escrito, el gobierno acusó a un tribunal inferior de haber incurrido en una "afrenta innecesaria" al emitir un fallo contrario a sus intenciones de poner fin al programa.

La petición se relaciona directamente con la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de terminar anticipadamente con el Estatus de Protección Temporal que había sido concedido a migrantes vésuelanos durante la administración de Joe Biden. El programa fue originalmente aprobado por Alejandro Mayorkas y posteriormente extendido por la administración Biden.

Debate sobre la "permanencia temporal" y el interés nacional

La administración Trump argumentó que permitir la permanencia temporal de extranjeros resulta contrario al interés nacional estadounidense y advirtió que podría generar un "efecto llamada", incentivando la llegada de más migrantes venezolanos beyond los actuales beneficiarios del TPS. En la solicitud, Noem afirmó que la ampliación del estatus durante la administración anterior se basó en fundamentos "débiles e inadecuadamente desarrollados".

El documento legal también rechazó la decisión de instancias judiciales inferiores que determinaron que "las acciones del Secretario respecto al TPS para Venezuela deben permanecer vigentes mientras se desarrolla el litigio". La administración solicitó al máximo tribunal restablecer la suspensión del fallo contrario mientras se espera una resolución definitiva sobre el caso.

Un aspecto central del litigio es determinar si la secretaria Noem contaba con la autoridad legal para revocar el TPS antes de su fecha de expiración original. El programa fue otorgado inicialmente en marzo de 2021 en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela y renovado en 2023. Dos semanas antes del traspaso de poder a Trump, el gobierno de Biden había prorrogado las protecciones por 18 meses adicionales. Los demandantes, beneficiarios del TPS, han denunciado que la decisión de Noem vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo y cuestionan que la medida obedezca a motivaciones políticas.

Fuente: Internacionales

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