Infancia migrante vulnerada en Colombia: Cada día ocho niñas venezolanas sufren violencia

Un demoledor informe del Laboratorio Migrante y el Onvgc revela que 1.668 menores migrantes han sido víctimas de agresiones en los primeros nueve meses de 2026. La violencia sexual, el hogar como escenario de riesgo y la sombra de la trata marcan una crisis agravada por la opacidad institucional.

La travesía de la movilidad humana para miles de familias venezolanas sigue dejando a su paso cicatrices profundas, cuyas víctimas más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. En el marco del Día Internacional de la Niña, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer valer los derechos de las menores en todo el mundo, un riguroso monitoreo conjunto expone la crudeza de la desprotección institucional y el impacto devastador de la violencia sobre la migración infantil forzada.

De acuerdo con el informe publicado el pasado 11 de octubre de 2026 por la plataforma periodística y de derechos humanos Laboratorio Migrante, en alianza con el Observatorio Nacional de Violencias de Género de Colombia (Onvgc), entre enero y septiembre de 2026 se han contabilizado al menos 1.668 niñas y adolescentes venezolanas migrantes (de 0 a 17 años) como víctimas directas de violencia sexual, física, psicológica, negligencia y abandono en territorio colombiano.

La dimensión de la tragedia se sintetiza en un dato desgarrador: al menos ocho menores de edad venezolanas son agredidas cada día en el país vecino.

El peligro habita bajo el mismo techo

Lejos de lo que se suele asumir en contextos de desplazamiento, los mayores peligros para estas niñas no se encuentran únicamente en las calles o en las rutas fronterizas. Las estadísticas del Onvgc y Laboratorio Migrante revelan una alarmante paradoja sobre los entornos de protección: el 76 % de los hechos ocurre dentro de la vivienda, convirtiendo los espacios habitacionales en los escenarios más inseguros para la infancia; en el 56 % de los casos, la víctima convive directamente con su agresor, lo que perpetúa ciclos de silencio, coacción e impunidad; y la violencia sexual abarca el 57 % de las denuncias, seguida en severidad y frecuencia por el maltrato físico, el acoso psicológico, la negligencia y el abandono explícito.

Al analizar la evolución histórica entre 2019 y 2026, la cifra acumulada de niñas y adolescentes venezolanas víctimas de violencia de género en Colombia supera las 17.303 registradas, una estadística alarmante a la que las organizaciones restan un importante velo de subregistro, pues un número indeterminado de abusos jamás llega a ser reportado por miedo a represalias o por la condición migratoria irregular.

Uno de los hallazgos más críticos del informe se enfoca en el fenómeno del embarazo infantil y adolescente derivado de agresiones sexuales. Entre 2024 y 2026, las organizaciones han identificado al menos 300 casos de maternidades forzadas en niñas migrantes de entre 10 y 16 años, dentro de las cuales se cuentan 36 pertenecientes a comunidades indígenas. Diversas ONG y colectivos de derechos humanos han denunciado la profunda opacidad, así como la falta de seguimiento judicial y estatal en Colombia para determinar el destino de estas menores, el abordaje integral de su salud mental y física, y el bienestar de los bebés nacidos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Trata de personas y conflicto armado en la frontera

A la violencia intrafamiliar y sexual se suma la acción de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales que operan a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Informes de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete documentan que las niñas y adolescentes representan el objetivo prioritario para las redes de trata de personas. Mediante el engaño, la oferta de falsos empleos o la coacción directa, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y bandas locales captan a las menores para someterlas a explotación sexual comercial y servidumbre. Entre 2018 y 2026, esta misma corporación registró al menos 630 casos de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas víctimas de redes de trata en la franja fronteriza.

El abordaje de este flagelo choca de frente con la falta de datos oficiales confiables y la ausencia de políticas públicas integrales a nivel regional. Verónica Mesa, coordinadora de investigación de la ONG Mulier, enfatizó previamente que la opacidad estatal sobre las estadísticas demográficas dificulta trazar la ruta de los casos de trata de mujeres y niñas venezolanas, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Según registros alternativos recopilados por Mulier a través de monitoreos de prensa y sociedad civil, en 2024 fueron rescatadas 511 venezolanas de redes de trata (de las cuales 73 eran niñas y adolescentes), mientras que el pico más alto se constató en 2023, con 1.395 mujeres rescatadas.

Mesa advirtió además que, desde el año 2023, las autoridades venezolanas mantienen el incumplimiento del compromiso asumido ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU para publicar formalmente un Plan Nacional contra la Trata de Personas. Aunque voceros gubernamentales han argumentado que dicha normativa está disponible desde 2021, la sociedad civil constata que el documento no es accesible ni se ejecuta con la transparencia requerida.

Un llamado urgente a la acción

Frente a este escenario de vulneraciones sistemáticas, las organizaciones firmantes del informe hacen un llamado a los Gobiernos de la región, a las agencias de cooperación internacional y a los sistemas de protección infantil para activar rutas sanitarias, judiciales y de refugio de emergencia. Proteger a las niñas y adolescentes en contexto de movilidad no es solo un deber legal internacional, sino una exigencia moral imperiosa para evitar que toda una generación sea devastada por el abuso y la impunidad.

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