Noboa Decreta un Nuevo Estado de Excepción ante Rebrote de Violencia en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este miércoles un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios del país, como respuesta al recrudecimiento de la violencia atribuida al crimen organizado. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 277, busca reforzar las acciones de seguridad ante una crisis que continúa expandiéndose y afectando gravemente a la población civil. Sin embargo, la reiteración de esta herramienta excepcional genera serias dudas sobre su eficacia, ya que pese a los constantes decretos y al despliegue permanente de fuerzas de seguridad, los delitos graves y los homicidios no han cedido, sino que muestran un incremento sostenido según las cifras oficiales.

El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de tres municipios de Cotopaxi y Bolívar. En estas zonas se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo allanamientos sin orden judicial y el acceso a información privada. Esta insistencia en medidas que restringen libertades contrasta con los resultados: Ecuador cerró 2025 con cifras históricas de violencia, registrando 8.847 homicidios hasta el 19 de diciembre, en un país que permanece bajo un escenario declarado de "conflicto armado interno" desde 2024.

Escalada de Violencia Cuestiona la Estrategia de Seguridad del Gobierno

Informes técnicos del sistema ECU-911 revelan un panorama alarmante, con un aumento del 14.1% en emergencias por muertes violentas entre noviembre y diciembre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Provincias como Santa Elena (con un aumento del 120%), Santo Domingo de los Tsáchilas (114%), Los Ríos (71%) y Esmeraldas (66%) muestran incrementos dramáticos, reflejando un severo deterioro de la seguridad. A su vez, los ministerios del Interior y de Defensa han advertido sobre la creciente capacidad de las redes criminales para intimidar y cooptar a funcionarios públicos, incluyendo miembros de la fuerza pública.

La política de Noboa, centrada en la militarización y la suspensión recurrente de derechos, parece más orientada a mostrar una acción inmediata que a construir soluciones sostenibles. La evidencia sugiere que la excepcionalidad se ha convertido en una norma sin lograr revertir el avance del crimen organizado ni garantizar la seguridad ciudadana, dejando a la población expuesta a una violencia creciente en un contexto de instituciones debilitadas y garantías constitucionales erosionadas.

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