Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la Ley Libertador contra el Bloqueo

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana, durante su sesión ordinaria de este jueves. Este instrumento legal busca combatir las acciones que afectan la soberanía y el patrimonio de Venezuela, estableciendo medidas severas contra quienes incurran en actos considerados como traición a la patria.

El diputado Carlos Mogollón, encargado de presentar el proyecto, destacó que uno de los aspectos clave de la normativa es el juicio en ausencia. Según Mogollón, “aquella persona acusada de algún delito contemplado en esta ley que se niegue a someterse al proceso judicial será juzgada en ausencia, con la asignación de un defensor público para garantizar el debido proceso”. Esta medida busca evitar que los acusados eludan la justicia y garantizar la protección de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales.

Inhabilitaciones políticas y sanciones severas

El proyecto también contempla fuertes sanciones contra aquellos que, incluso sin ser funcionarios públicos, colaboren con potencias extranjeras para imponer medidas contra la República. Estas personas podrían enfrentar inhabilitación política por hasta 50 años, dependiendo del delito cometido, o incluso de forma "perpetua", según lo propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante la sesión, la diputada Iris Varela sugirió que, además de las sanciones, se proceda a anular documentos de identificación y registros de empresas de quienes sean considerados traidores a la patria. “Esta ley no solo responde a la protección del pueblo venezolano, sino que busca cerrar cualquier vía de impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía”, afirmó Varela.

Un marco jurídico contundente

La ley también contempla la inhabilitación política por un periodo de hasta dos veces la pena máxima establecida en otros casos, aunque algunos diputados propusieron que esta inhabilitación sea de carácter vitalicio. Según Varela, esta propuesta no contradice la Constitución, ya que el límite de 30 años aplica únicamente a las penas privativas de libertad, no a las sanciones políticas.

El proyecto, que será sometido a una segunda discusión en próximas sesiones, busca consolidar un marco jurídico que proteja los intereses nacionales frente a las medidas coercitivas y actos de traición que afectan a la población y al patrimonio venezolano.

Fuente: Asamblea Nacional

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