Delcy Rodríguez anuncia que nuevas excarcelaciones superarán las 500 personas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó este viernes un balance del proceso de amnistía y excarcelaciones en Venezuela, destacando que en 63 días efectivos hábiles de justicia se ha beneficiado a un total de 8.740 personas. De estas, 314 que estaban privadas de libertad obtuvieron su libertad plena gracias a la Ley de Amnistía, mientras que 8.426 personas que se encontraban bajo medidas cautelares también lograron su libertad plena.

Rodríguez recordó que, previo a la vigencia de la Ley de Amnistía, el 20 de febrero fueron excarceladas 885 personas. Además, anunció que en las próximas horas se superarán las 500 nuevas liberaciones, producto de las consultas realizadas en distintas instancias, cifra que supera las 300 que había anunciado previamente el presidente de la Asamblea Nacional. "Son buenas noticias para nuestro país", afirmó.

Denuncia de "aprovechamiento partidista" en la justicia penal

La presidenta encargada aprovechó la ocasión para lanzar una fuerte crítica contra la politización de los procesos judiciales. "Se pretende sacar provecho partidista desde la justicia penal y no es correcto con los ciudadanos y con las ciudadanas de nuestro país", afirmó Rodríguez, calificando como "muy mezquino y miserable" el uso de espacios que implican la privación de libertad. Exigió que "no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal".

Asimismo, pidió que las excarcelaciones se asuman "con madurez, con respeto y desde el punto de vista constructivo de lo nuevo que estamos construyendo", en el marco del "renacer de Venezuela" que implica una transformación cultural para encontrar el camino de la convivencia y la paz.

Propone crear un Sistema Nacional de Protección para defensores y familiares

Como parte de los aportes para la Gran Consulta Nacional que iniciará el próximo 1 de junio, Rodríguez solicitó formalmente evaluar la construcción de un "sistema nacional de protección de los defensores y familiares" de personas privadas de libertad y activistas, para garantizar plenamente los derechos humanos de todos. Señaló que la estructura judicial actual "debe reordenarse" y que la meta es abordar el circuito penal en su totalidad, para que funcione como un instrumento eficaz de derechos humanos y coadyuve a la convivencia democrática, con el fin de "desterrar el odio, el extremismo y la intolerancia".

Relación ciudadano-policía y derechos humanos integrales

Rodríguez informó que ha mantenido conversaciones con el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, para redefinir el vínculo entre la población y los cuerpos de seguridad. Aclaró que la visión de derechos humanos que promueve el Ejecutivo debe ser bidireccional y amparar también a los funcionarios policiales. "Cuando yo digo apego a los derechos humanos, también me estoy refiriendo al funcionario de seguridad ciudadana al que se le deben respetar sus derechos humanos. Ahí estamos en un proceso integral", expresó.

Finalmente, la presidenta encargada recordó que el 1 de junio se iniciará la Gran Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal y que más de 38.000 jueces de paz en todo el país se sumarán al esfuerzo por la convivencia democrática y la reconciliación comunitaria. "Este es el camino", sentenció Rodríguez, "sumarnos a la transformación profunda del sistema de justicia penal en honra de los derechos humanos y de nuestra Constitución".

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