Gobierno venezolano cobra impuestos en euros mientras restringe al sector privado

El Estado venezolano ejerce su potestad legal para calcular impuestos aplicando la tasa del euro, que suele ser más alta que la del dólar, mientras que los comercios privados enfrentan prohibiciones y sanciones si intentan hacer lo mismo. Esta diferencia de criterio, aunque amparada en distintas normativas, genera un escenario de asimetría legal que ha operado en el país durante años, aunque no siempre es ampliamente conocido por la población.

El marco jurídico que respalda esta facultad del gobierno incluye el Código Orgánico Tributario, el cual establece en su artículo 96 que, ante múltiples tasas cambiarias, debe aplicarse la más favorable al fisco. Además, el artículo 98 permite ajustar las obligaciones tributarias para preservar el valor real de la deuda, mientras que el artículo 10 señala que, en caso de duda interpretativa, debe primar el interés fiscal.

Doble estándar cambiario: libertad para el Estado, restricciones para los privados

A estas disposiciones se suman la Ley del Banco Central de Venezuela, que faculta a la institución a fijar tasas de referencia cambiarias (artículo 6, numeral 5), y las resoluciones del SENIAT, que instruyen el uso de la tasa más alta para el cálculo de impuestos. Sin embargo, mientras el Estado puede optar por el euro para maximizar su recaudación, el sector privado no tiene la misma libertad.

La Ley de Precios Justos (2014) prohíbe a los comercios ajustar precios basándose en tasas no autorizadas, bajo riesgo de ser sancionados por especulación. Asimismo, la Ley Contra Ilícitos Cambiarios restringe el uso de múltiples tasas para evitar distorsiones en el mercado. En consecuencia, si una empresa privada fija precios según el euro sin justificación legal, puede enfrentar multas, intervenciones o incluso acciones penales.

En definitiva, la normativa venezolana permite al gobierno recaudar impuestos aplicando la tasa más alta disponible, en este caso la del euro, mientras que los comercios deben sujetarse al dólar como referencia oficial. Esta disparidad refleja un tratamiento diferenciado que, aunque legal, ha generado debates sobre equidad en el manejo de la política cambiaria.

Fuente: Kathiuska Francis Marín / La Noticia.

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