JEP registra 450 presos políticos y OVP denuncia más de 60 muertes bajo custodia

Organizaciones no gubernamentales en Venezuela documentaron una alarmante situación en materia de derechos humanos y condiciones carcelarias. La crisis estructural que atraviesa el sistema de reclusión en Venezuela continúa dejando un saldo alarmante de vulneraciones a los derechos fundamentales. En balances separados pero convergentes, las organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expusieron este mes de septiembre de 2026 un panorama crítico caracterizado por el desgaste familiar, la opacidad oficial, el hacinamiento extremo y la pérdida de vidas humanas dentro de los centros penitenciarios del país.

JEP documenta 450 privados de libertad por razones políticas y advierte desgaste familiar

Al presentar su balance actualizado al 25 de septiembre de 2026, la ONG JEP documentó un total de 450 personas privadas de libertad por razones políticas. La organización advirtió de manera enfática sobre el constante desgaste físico y emocional que experimentan los familiares de los detenidos en su persistente búsqueda de justicia. El desglose demográfico y sectorial presentado detalla que la población penal está compuesta por 44 mujeres y 406 hombres privados de libertad por motivos políticos; 220 integrantes de la sociedad civil y 167 funcionarios de seguridad del Estado activos; 31 exfuncionarios de seguridad, 20 ciudadanos extranjeros y 10 miembros de organizaciones políticas; 2 sindicalistas, además de 24 venezolanos con doble nacionalidad y 7 personas de las cuales no se tiene información oficial sobre su paradero.

Ante este escenario, JEP hizo un llamado urgente para atender situaciones de alto riesgo en los recintos carcelarios, poniendo el foco en adultos mayores y personas con afecciones de salud severas, para quienes exigió la aplicación inmediata de medidas humanitarias o sustitutivas que salvaguarden sus vidas. Asimismo, la ONG denunció que la falta de información oficial transparente impidió verificar de forma expedita los rumores de excarcelaciones generados tras recientes movimientos en centros penitenciarios, registrando únicamente la liberación plena de dos personas tras culminar la fase de juicio.

OVP denuncia más de 60 muertes bajo custodia y hacinamiento crítico en Tocuyito

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que más de 60 personas han muerto bajo custodia en Venezuela desde abril, encendiendo las alarmas por las graves condiciones sanitarias e higiénicas que predominan en las cárceles del territorio nacional. El caso más reciente documentado por el observatorio es el de Luis Alejandro García, de 30 años, quien falleció en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, presumiblemente a causa de tuberculosis. El OVP advirtió que este centro presenta una sobrepoblación crítica: más de 2.200 personas permanecen recluidas en un espacio diseñado originalmente para 1.400, lo que arroja una tasa de ocupación superior al 157%.

El observatorio advirtió que la saturación de espacios propicia la propagación acelerada de enfermedades infectocontagiosas, agravada por las marcadas dificultades para acceder a diagnósticos oportunos y atención médica especializada. En ese sentido, exigió una evaluación médica integral de toda la población recluida para detectar y tratar de manera precoz casos de tuberculosis, así como esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Luis Alejandro García, incluyendo la revisión del tratamiento médico recibido previo a su deceso. La organización recordó además que, a cinco meses de ocurridos los hechos de abril en Yare III —donde fallecieron cinco presos—, los resultados de las investigaciones anunciadas por el Estado siguen sin hacerse públicos.

Ambas organizaciones coincidieron en que estas cifras y denuncias reflejan un patrón sistemático de riesgos que continúa amenazando la vida, la integridad y los derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela, exigiendo respuestas transparentes y correctivos inmediatos por parte de las autoridades competentes.

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