Minería Ilegal en Venezuela: 44 Víctimas Mortales y un Desolador Impacto Ambiental

Un informe reciente de la organización no gubernamental Fundaredes ha revelado que un total de 44 personas han perdido la vida en Venezuela desde 2019 en eventos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar.

44 Víctimas Mortales en la Minería Ilegal en Venezuela

De acuerdo con el boletín difundido por Fundaredes, “Desde el año 2019 hasta lo que va de 2023, Fundaredes ha registrado en sus archivos, a través de denuncias recibidas y de su trabajo de monitoreo, un total de 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar”.

Lamentablemente, estos homicidios han sido cometidos por diversos actores, incluyendo grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, así como miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. Esta situación es alarmante, ya que refleja la complejidad y la violencia que rodean la minería ilegal en la región.

Uno de los aspectos preocupantes señalados por Fundaredes es la transformación del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), una vasta zona de 111,843.70 kilómetros cuadrados designada por el gobierno para la explotación de recursos minerales. Esta área se ha convertido en un escenario de devastación ambiental, donde áreas protegidas han sufrido graves daños.

La población más afectada por esta explotación minera descontrolada ha sido la de los pueblos indígenas. Fundaredes informa que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizadas en los últimos 58 meses pertenecían a comunidades originarias. Esto resalta la vulnerabilidad de estas poblaciones ante la violencia y la degradación ambiental asociadas a la minería ilegal.

En la región, operan múltiples actores, como miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, miembros de la FANB y sindicatos armados. Esto ha dado lugar a una serie de delitos graves que incluyen contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, así como la extracción ilegal de minerales.

La situación en estos estados fronterizos con Colombia y Brasil es compleja y preocupante, y demanda una atención urgente por parte de las autoridades tanto nacionales como internacionales. La minería ilegal no solo tiene un alto costo humano, sino que también está devastando el entorno natural y alimentando una serie de actividades criminales que afectan a las comunidades locales y a la seguridad regional.

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