Venezolanos en Colombia cuestionan operativos migratorios y piden evitar la estigmatización

La organización Venezolanos en Barranquilla hizo un llamado formal al gobierno de Colombia para garantizar de manera estricta el debido proceso y el respeto absoluto a los derechos humanos de la población migrante, luego de que se anunciara la puesta en marcha de operativos migratorios destinados a identificar a personas con permanencia irregular en el país. La postura surge como respuesta a los lineamientos emitidos por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla desplegar operativos para ubicar a extranjeros en situación irregular y a quienes incurran en actos delictivos, advirtiendo que serán deportados de manera inmediata.

Claridad entre estatus migratorio y criminalidad

Ante estas medidas, desde la organización recalcaron la necesidad de trazar una línea divisoria clara entre una persona que ha incurrido en una infracción de índole estrictamente migratoria y aquella vinculada con actividades delictivas. "La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad", puntualizaron los portavoces. Asimismo, destacaron que una política migratoria verdaderamente efectiva no debe limitarse exclusivamente a detectar quién se encuentra en condición irregular, sino que tiene el deber de determinar qué personas pueden y deben ser regularizadas en el territorio nacional.

Impacto sobre la comunidad venezolana

Las medidas anunciadas generan especial atención dentro de la colectividad venezolana, debido a que Colombia se mantiene como el principal destino histórico del éxodo procedente de Venezuela. De acuerdo con las cifras oficiales de Migración Colombia, el país alberga actualmente a más de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos. El registro institucional detalla que la gran mayoría de esta población ya ha logrado consolidar su arraigo bajo esquemas de legalidad: alrededor de 2,35 millones de personas disponen de algún tipo de estatus migratorio regular, lo que les otorga la potestad de residir legalmente y acceder a derechos fundamentales como contratación laboral formal y servicios de salud y educación.

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