Joven venezolano es trasladado al Cecot en El Salvador acusado de vínculos con el Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó este lunes 12 de mayo el traslado de Merwil Alberto Gutiérrez Flores, un venezolano de 19 años, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Según el comunicado oficial, Gutiérrez Flores es señalado como presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de posesión de arma de fuego en terrenos escolares, tenencia de dispositivos de alimentación de municiones y delitos relacionados con objetos robados. Sin embargo, su familia y defensores legales niegan categóricamente su vinculación con el grupo delictivo.

Detención y controversia sobre el caso

Merwil fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 21 de junio de 2023 en El Paso, Texas, por ingreso ilegal al país. Bajo las políticas migratorias de la administración Biden, fue liberado, pero meses después, el 24 de febrero de 2025, agentes de ICE lo arrestaron en Nueva York. El 15 de marzo fue enviado a El Salvador, a pesar de tener una audiencia de inmigración programada para el 1 de febrero de 2027.

Su padre, Wilmer Gutiérrez, relató que durante el arresto los agentes confundieron inicialmente su identidad. "Uno de los oficiales dijo que podía irse, pero otro decidió detenerlo junto a otras dos personas", aseguró. La abogada Ana de Jesús, de la organización Inmigración al Día, denunció irregularidades en el proceso, señalando que Merwil contaba con un "asilo radicado" y que su traslado fue arbitrario.

Defensa legal y reclamos por debido proceso

Activistas y abogados de derechos migrantes consideran presentar una orden de mandamus para exigir transparencia en el caso. "Esto es un secuestro, no se está respetando el debido proceso", afirmó De Jesús, quien destacó que Merwil no tiene tatuajes, uno de los criterios usados por EE.UU. para identificar presuntos miembros del Tren de Aragua.

Organizaciones de apoyo a migrantes planean ejercer presión pública para revisar su situación, argumentando que las deportaciones a centros como el Cecot —creado por el gobierno salvadoreño para recluir a supuestos pandilleros— carecen de garantías judiciales.

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