Tribunal Supremo ratifica condena de 30 años a responsable de sicariato contra gerente de Pdvsa

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia de 30 años de prisión contra el comerciante Abdool Kamaludeen Ally Suárez, quien fue identificado como el cerebro detrás del asesinato de Leomar José Gil Celis, gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado Guárico. La decisión judicial se produjo tras desestimar un recurso de casación interpuesto por la defensa, que buscaba anular la condena previamente ratificada por la Corte de Apelaciones de Guárico el pasado 12 de marzo. Con esta resolución, el máximo tribunal cierra cualquier posibilidad de revisión del caso y reafirma la gravedad de los hechos ocurridos en septiembre de 2019.

El crimen se ejecutó el 2 de septiembre de 2019 en el callejón El Campito de San Juan de los Morros, lugar de residencia de la víctima. Gil Celis fue interceptado por el funcionario de Poliguárico César Andrés Martínez Rodríguez, conocido como "El Macizo", quien le disparó en cuatro ocasiones antes de darse a la fuga. El gerente fue trasladado de emergencia al hospital local y posteriormente a una clínica privada, donde sucumbió a sus heridas dos días después, el 4 de septiembre. Las investigaciones del CICPC revelaron que el homicidio fue resultado de una compleja trama de sicariato orquestada como represalia por decisiones profesionales de la víctima.

Investigación revela compleja trama criminal por conflicto de intereses

Las pesquisas del CICPC determinaron que Abdool Kamaludeen, propietario de la empresa Morro Gas, contrató los servicios de Freddy Tiapa y José Manuel Papanicolau, alias "Cara e' Caballo", para eliminar a Gil Celis. El motivo del crimen se relaciona con la decisión del gerente de restringir la venta de gas a empresas privadas que, según las investigaciones, estaban involucradas en el abultamiento artificial de los precios de las bombonas. Para materializar el asesinato, los intermediarios reclutaron al funcionario policial Martínez Rodríguez, quien ejecutó materialmente el homicidio.

La trama criminal incluyó transacciones económicas que quedaron documentadas durante el proceso judicial. Al día siguiente del homicidio, el padre del condenado, identificado como Abdool Kamaludeen Ally Suárez ("El Guyanés"), realizó el pago de 600 dólares por el crimen ya consumado. Ambos fueron condenados a 30 años de prisión, sentencia que fue confirmada en primera instancia el 31 de octubre de 2023 por el Tribunal 2 de Juicio de Guárico. El recurso de casación presentado por la defensora pública Elsa Singh Barbosa argumentaba la inadmisibilidad de testigos referenciales, pero la Sala Penal del TSJ consideró que no podía reevaluar elementos probatorios ya valorados en instancias anteriores.

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