La Frontera Llanera Colombo-Venezolana es víctima de extorsiones

En el transcurso de cada año, las fuerzas irregulares colombianas conocidas como ELN y las disidencias de las FARC tienen la capacidad de amasar una suma estimada de al menos 51 millones de dólares a través de actividades extorsivas en cuatro áreas específicas: los ganaderos, los productores de arroz, las compañías contratistas estatales y los comerciantes. Estas acciones se llevan a cabo en ambos lados del río Arauca, el cual demarca la línea binacional. Además, en la franja fronteriza venezolana, la red de 4 puntos de control, situados en la llamada "ruta extorsiva", provee a los oficiales militares y civiles de Venezuela la oportunidad de obtener más de 100 mil dólares anuales.

Durante los primeros siete meses de 2023, un equipo de periodistas se dedicó a investigar el delito de extorsión que ocurre en la frontera compartida entre el estado de Apure en Venezuela y Arauca en Colombia. Esta investigación permitió cuantificar los ingresos estimados derivados de lo que se conoce como "impuesto de guerra" en Colombia y como "colaboraciones" y "vacuna" en Venezuela, los cuales son obtenidos tanto por grupos armados irregulares colombianos como por funcionarios militares y civiles venezolanos.

El Amparo-Arauca es la zona más que más sufre

La práctica de extorsión llevada a cabo por las guerrillas colombianas ELN y las disidencias de las FARC, así como por las autoridades venezolanas, se ha arraigado como una lucrativa y habitual empresa en la zona fronteriza de El Amparo-Arauca, donde Colombia y Venezuela se encuentran. La ganancia para los grupos irregulares asciende a un mínimo de 51 millones de dólares anuales, provenientes de cuatro sectores económicos: la cría de ganado, la producción de arroz, las empresas contratistas estatales y el comercio. La información para este cálculo se basó en datos oficiales y extraoficiales, así como testimonios que proporcionaron información detallada sobre la ejecución de este delito.

El sector de la ganadería es uno de los más afectados

Uno de los sectores más afectados por esta economía clandestina es la ganadería, la cual abarca ambos lados del río Arauca, que cruza la frontera entre Colombia y Venezuela. Hasta mayo de 2022, los ganaderos del municipio José Antonio Páez en Apure sufrían las consecuencias más graves, ya que eran víctimas de extorsión por parte del ELN, las disidencias de las FARC, la guerrilla venezolana Fuerzas Armadas de Liberación (FBL) e incluso por elementos militares y funcionarios civiles de Venezuela.

Investigación Apure-Arauca - Sociedad Anónima

Estos descubrimientos emergen de la investigación "Apure-Arauca, Sociedad Anónima", un proyecto periodístico que ha sido apoyado por el Consorcio para el Apoyo al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR). A través de 60 entrevistas realizadas a víctimas, testigos y expertos (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), se ha logrado no solo estimar los ingresos generados por estas prácticas criminales, sino también confirmar que la extorsión es el delito más rentable en la zona debido a su frecuencia y facilidad de ejecución en comparación con otras actividades como el secuestro.

Esta realidad ha llevado a una normalización de la extorsión en estas ciudades fronterizas. La investigación también pone de manifiesto la magnitud y el impacto de esta economía ilícita en la frontera poco conocida de Apure-Arauca, identificando a los actores involucrados y los métodos empleados.

El proceso de recolección de información incluyó la revisión de documentos en línea y la monitorización de los puntos de tránsito fluvial entre Venezuela y Colombia, como "Don Elías", "Los Indios" y "Costa del Caño" en el lado venezolano del río Arauca, así como los puestos de control venezolanos conocidos como "Y de Dayco", "Totumito", "Y de La Victoria" y "Puente de Lata". Estos puntos conforman una franja de 100 kilómetros denominada "ruta extorsiva", que se corresponde con la carretera Troncal 19, la cual se extiende por más de 400 kilómetros. Los resultados de esta fase de la investigación serán presentados en la segunda parte del proyecto transfronterizo.

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Migrantes y transportistas de personas y mercancías también se ven afectados

En el segundo reportaje, a publicarse el martes 15 de agosto, se abordará cómo la extorsión hacia los migrantes en tránsito y los transportistas de personas y mercancías por parte de los oficiales militares y civiles en los Puestos de Atención al Ciudadano (PAC) también se ha convertido en una práctica sistematizada en la franja fronteriza venezolana.

En los últimos 100 kilómetros de los 450 que conforman la carretera nacional Troncal 19, conectando San Fernando, la capital de Apure, con El Amparo, el último pueblo de Venezuela antes de la frontera, se hallan los cuatro PAC con mayor incidencia de extorsión. Por esta razón, a este tramo de carretera en el municipio José Antonio Páez, cuya cabecera es Guasdualito, se le conoce como la "ruta extorsiva". Esta práctica ilegal tiene el potencial de generar ingresos que superan los 100 mil dólares al año.

Para acceder a los dos reportajes completos de esta investigación transfronteriza, puedes dirigirte al siguiente enlace: Enlace

Este proyecto "Apure-Arauca, Sociedad Anónima" es una investigación periodística respaldada por el Consorcio para el Apoyo al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR).

Fuente: Radio fe y alegría noticias

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