Chocó en emergencia por violencia armada y sismo que agravan la crisis humanitaria

El departamento del Chocó vive su peor pesadilla. La convergencia de enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y el ELN, desplazamientos masivos, confinamientos y los estragos del sismo de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto han sumido a la región en una crisis humanitaria que la Defensoría del Pueblo califica como compleja y severa. Las comunidades étnicas y rurales son las más golpeadas, y la falta de respuesta inmediata agrava cada minuto la tragedia.

Confinamientos, desplazamientos y la sombra de la minería ilegal

Los enfrentamientos con drones en Charco Hondo dejaron tres civiles heridos y forzaron el desplazamiento de 65 familias hacia Barrancón, mientras que 652 familias (unas 3.000 personas) permanecen confinadas en la subregión del San Juan. La violencia se extiende: en la vía Quibdó–Medellín, comunidades indígenas huyen del avance armado, y en el río Tamaná, 129 familias viven con zozobra y restricciones a su movilidad. A esto se suma la devastación ambiental por la minería ilegal en Lloró, Bagadó y el corredor Noanamá–Cucurrupí, que afecta a 3.800 personas y se convierte en un nuevo botín de guerra entre grupos armados.

El terremoto agravó el caos. Sin un censo definitivo, numerosas zonas rurales permanecen incomunicadas, imposibilitando la entrega de ayuda básica. La Defensoría del Pueblo exhortó a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y exigió al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la UNGRD la activación inmediata de rutas de atención, garantías de seguridad, alimentos, salud y alojamiento para las víctimas. El Chocó clama por acción, mientras el tiempo y la vida se agotan.

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