La CIDH Aborda la Crisis de la Minería en la Amazonía: Un Problema Transfronterizo

El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una sesión crucial para abordar la problemática de la minería y sus devastadores efectos en los países de la Amazonía. La sesión se materializó gracias a la solicitud de ocho organizaciones provenientes de Bolivia, Brasil, Perú, Nicaragua y Venezuela, todas comprometidas en la defensa de los derechos humanos y la preservación de los ecosistemas amazónicos.

La CIDH Aborda la Crisis de la Minería en la Amazonía

La representante de la organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, compartió detalles significativos sobre este importante evento durante una entrevista en Radio Fe y Alegría Noticias. Destacó que, para lograr que la CIDH abordara esta cuestión crucial, las organizaciones involucradas elaboraron un detallado documento contextual que evidencia los impactos ambientales, políticos, económicos y sociales de la explotación minera en las áreas y comunidades amazónicas.

El documento presentado subraya que la problemática de la minería no se limita a las fronteras nacionales; de hecho, se revela como un crimen trasnacional. En los vastos territorios de la Amazonía, se ha observado la presencia de grupos criminales que desplazan y subyugan a pequeñas comunidades de mineros indígenas y criollos, sometiéndolos a condiciones de esclavitud.

Un aspecto alarmante es el uso generalizado del mercurio en la extracción de oro, a pesar de ser ilegal en la mayoría de los países de la región. Bolivia y Guyana son las únicas naciones que admiten su uso y comercialización. Bolivia, en particular, se destaca como el mayor importador mundial de mercurio, y desde su territorio se generan operaciones de contrabando que distribuyen este metal tóxico en países vecinos como Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú. El uso del mercurio representa una de las prácticas más letales para los frágiles biomas amazónicos.

Cristina Burelli también resaltó la falta de políticas coordinadas entre los Estados afectados, lo que permite que los grupos armados actúen como organizaciones trasnacionales. Esta falta de coordinación y cooperación efectiva ha llevado a políticas aisladas que no logran abordar el problema en su totalidad.

Por ejemplo, en Brasil, los líderes indígenas enfrentaron persecución bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que toleró la actividad de los "garimpeiros" o mineros ilegales. A pesar de los esfuerzos posteriores de las fuerzas de seguridad, las bandas criminales simplemente se trasladaron a otras áreas o cruzaron la frontera hacia Venezuela para continuar sus actividades ilícitas.

La conclusión es clara: no existen políticas eficaces que permitan a las pequeñas comunidades mineras cambiar su actividad económica, lo que agrava aún más la crisis. Se requiere una cooperación regional más sólida y políticas conjuntas para hacer frente a esta problemática compartida y salvaguardar los derechos humanos y los ecosistemas amazónicos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está comenzando a comprender la magnitud de los desafíos asociados con la minería en la región.

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