Protestas en Panamá por Concesión de Mina de Cobre a Empresa Canadiense

El anuncio de la firma de un contrato ley que otorga una concesión de 20 años, con posibilidad de extenderse a 40, a una filial de una compañía canadiense para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica ha desencadenado una serie de inéditas protestas en Panamá. Estas manifestaciones han dejado varios heridos, decenas de detenidos, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y el cierre de importantes carreteras en todo el país. Las voces de repudio se han hecho sentir incluso a las puertas del Hotel Marriot de la capital, donde se lleva a cabo la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, con la participación de ministros de Ambiente, miembros de ONGs y tomadores de decisiones de la región.

Protestas masivas en Panamá en rechazo a una concesión

En las pancartas de los manifestantes se leía la consigna “Cambio climático y minería matan”, en rechazo al contrato minero suscrito entre el Estado y la empresa Minera Panamá, una subsidiaria de la compañía canadiense Firts Quantum Minerals, que fue aprobado como ley por el Gobierno de Laurentino Cortizo el pasado viernes. “El documento presenta desventajas para el Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, denuncia Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.

Las principales críticas que ha suscitado el proyecto se centran en dos aspectos. En primer lugar, se alega que el contrato fue negociado y firmado sin la debida consulta a la comunidad, ya que la ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord de tres días. Además, según Banfield, no se permitió a la población acceder al documento y conocer su contenido antes de que fuera objeto de debates públicos. Esto ha sido considerado como una violación al Acuerdo de Escazú, del cual Panamá forma parte y que exige una mayor participación ciudadana en proyectos de esta envergadura.

El proyecto de la mina de cobre abarca unas 12,000 hectáreas en la provincia de Colón, en el Caribe panameño, situándose sobre el corredor biológico mesoamericano, una zona protegida. Esta ubicación levanta preocupaciones sobre su impacto ambiental, ya que el contrato otorga a la empresa la capacidad de desviar y retener agua de fuentes naturales, poniendo en riesgo el suministro de agua para la población local y futuras expansiones del Canal de Panamá.

Además, se ha informado que el proyecto, que operaba bajo un contrato anterior, enfrenta seis investigaciones en curso por posibles daños ambientales, daños al patrimonio histórico y problemas administrativos, además de haber recibido 11 denuncias. La empresa Minera Panamá aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Roberto Cuevas, sostiene que la presencia de la empresa en esta zona protegida ha contribuido a su conservación, argumentando que antes de su llegada, el Estado no destinaba recursos para este propósito. Cuevas también asegura que el contrato establece estrictos estándares ambientales y fiscales, incluyendo el pago de impuestos y un plan de cierre y desmantelamiento de la mina.

A pesar de la controversia que rodea a este proyecto minero, su historia es larga y compleja en Panamá. El primer contrato se firmó en 1997, pero fue objeto de demandas legales y se declaró inconstitucional en 2017, aunque esta decisión no se hizo efectiva hasta 2021 debido a apelaciones. Durante este tiempo, la empresa comenzó a exportar cobre en 2019. El nuevo contrato, que fue objeto de negociaciones en 2022 y se hizo público en marzo de 2023, ha desencadenado fuertes reacciones tanto a favor como en contra, planteando cuestiones cruciales sobre la minería, el medio ambiente y la participación ciudadana en proyectos de desarrollo.

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